Contra deudor alimentario: multas, embargos, cárcel, pérdida de derechos

El Congreso de Puebla buscará que un deudor alimentario en Puebla no pueda acceder a cargos de poder o elección popular; además, pedirá que sean inscritos en un padrón especializado, para facilitar su identificación.
También pasarían de seis meses a tres años de cárcel aquellos que abandonen a una mujer embarazada; y quienes ya tengan hijos perderían sus derechos como padres de familia.
Esas son algunas propuestas que presentaron ante el pleno las diputadas morenistas Yolanda Gámez Mendoza, Daniela Mier Bañuelos y Eliana Angélica Cervantes González, así como la petista Nora Yessica Merino Escamilla.
Puebla, con 800 mil deudores alimentarios; impulsan crear padrón de morosos
Un deudor alimentario moroso es la persona que estando obligada a proporcionar alimentos a sus hijos han dejado de cumplir, siendo hombres los que más quebrantan los ordenamientos judiciales.
Además, acudió al Legislativo la activista Diana Luz Vázquez para proponer que en Puebla le den luz verdad a la Ley Sabina que considera como delito el abandono a una mujer embarazada y que se haga obligatorio el pago de pensión alimenticia.
Horas antes de arribar al Congreso encabezó en el zócalo a las mujeres que participaron en el Tendedero de Denuncia de Deudores Alimentarios, y aseguró que Puebla es la segunda entidad con más casos a nivel nacional, pues hay más de 800 mil mujeres que se encargan en solitario de la manutención de sus hijas e hijos.
Piden 3 de 3 contra violentadores y deudores alimentarios
Nora Merino propuso modificar los requisitos detallados en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla para ser juez, magistrado, legislador, alcalde, o gobernador.
Esto para impulsar “la 3 de 3 contra la violencia” y evitar que algún agresor de mujeres sea considerado para participar en procesos electorales o laborar como burócrata. Además, se homologará con los trabajos realizados en la materia por la Cámara de Diputados.
Para que ningún servidor o servidora pública que haya cometido violencia política de género, sea deudor alimentario o haya cometido violencia familiar pueda acceder a un cargo de elección popular o sea parte del servicio público”, detalló la legisladora.
Su iniciativa pretende reformar la fracción II del Artículo 36, la fracción V del Artículo 74, la fracción IV del Artículo 89, y adicionar la fracción III del Artículo 36, la fracción VI del Artículo 74, todas de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla.
Su iniciativa pretende reformar la fracción II del Artículo 36, la fracción V del Artículo 74, la fracción IV del Artículo 89, y adicionar la fracción III del Artículo 36, la fracción VI del Artículo 74, todas de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla.