La crisis humanitaria que ha traído consigo el programa “Permanecer en México” llegó a las puertas del Tribunal Supremo de EE.UU. con la protesta de organizaciones que piden el fin de esta política “racista” que “pone punto y final a los derechos humanos” en la frontera.

Con estas palabras definió Lindsay Tozcylowski, directora ejecutiva del Centro Legal de Defensores del Inmigrante (ImmDef), este programa que la principal instancia judicial del país estudia ahora si se debe mantener.

Tozcylowski habló así desde el escenario durante la concentración celebrada frente a las escaleras del tribunal antes del inicio de los argumentos orales en el caso sobre la eliminación de los Protocolos de Protección de Migrantes (MPP, en inglés), que obligan a muchos solicitantes de asilo a esperar la resolución de su caso en México.

El presidente estadounidense, Joe Biden, se comprometió en su campaña electoral a eliminar este programa y así lo hizo en junio de 2021, pero un juez de Texas ordenó restituirlo. El Supremo debe decidir ahora si da la razón al juez o permite a la Administración Biden poner fin a esta política.

“¡Sí se puede!”, coreaban en español los asistentes, la mayoría de ellos miembros de alguna de las 50 organizaciones para la defensa de los migrantes que habían convocado la protesta. Sobre un escenario adornado con flores y carteles, la cantante haitiana Sherlee Skai le puso acento criollo a la consigna (“Wi nou kapab”).

Por el escenario desfilaron más de una docena de portavoces, líderes sociales y refugiados que se han visto afectados por la política, quienes compartieron testimonios, rezos y consignas, a veces difíciles de escuchar por encima del ruido de unos cortacéspedes cercanos.

Una de las historias más aplaudidas fue la de Ray Rodríguez, un migrante cubano que tuvo que esperar diez meses en la región de Matamoros mientras se procesaba su solicitud de asilo.

“Durante mi tiempo en la ciudad fui testigo de mucho sufrimiento. Las personas están siendo secuestradas y sufren violencia por parte de los carteles y por parte de la Policía corrupta”, denunció.

Rodríguez explicó a Efe que tras aprobarse su solicitud pudo instalarse en Estados Unidos y trabajar, pero el proceso de espera en México lo llenó de una gran incertidumbre.

“Uno termina viviendo el momento y no piensa en el futuro porque hay que asegurar que estés vivo ahora”, lamentó.

También recriminó a la Administración Biden no haber hecho más por eliminar el protocolo, ya que, en su opinión han tenido tiempo de sobra para prepararse.

Varios de los portavoces compartieron duras historias de migrantes atrapados en México mientras se procesaba su solicitud, como la de Lisbet, que fue violada repetidamente por un policía mexicano, o Yeri, que durmió junto a un cadáver durante tres días en un centro de detención en Ciudad Juárez.