La FGR pide 39 años de cárcel para Emilio Lozoya por asociación delictiva, lavado de dinero y cohecho

La Fiscalía General de la República pidió una condena de hasta 39 años de cárcel para el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, por asociación delictiva, lavado de dinero y cohecho, según fuentes judiciales; además, la FGR también solicitó 25 años de prisión para su madre, Gilda Margarita Austin.

El escrito de acusación fue presentado ante un juez del Reclusorio Norte de la Ciudad de México, y en un plazo máximo de cinco días se debe informar a la defensa, que a su vez procederá con el “descargo de pruebas”, agregó la fuente.

La FGR consideró que debido al nivel jérarquico que tuvo Lozoya dentro del Gobierno mexicano cuando dirigía Pemex (de 2012 a 2016), se debe imponer la pena máxima que la ley contempla por los tres delitos que se le imputan.

Esta petición de la FGR se produce tras año y medio de proceso y fallidas negociaciones para llegar, hasta el momento, a un acuerdo reparatorio.

Además, la FGR también pidió una pena de 25 años por dos delitos, entre estos asociación delictiva, para su madre, Gilda Margarita Austin.

Lozoya fue arrestado a comienzos de 2020 en España y extraditado a México como testigo protegido de la Fiscalía a cambio de inculpar a otros políticos, pero el pasado 3 de noviembre ingresó en prisión preventiva a petición del Ministerio Público tras haber sido captado cenando en un restaurante de lujo.

El que fuera director de Pemex durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) está acusado de recibir 10.5 millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, que habrían servido para comprar el voto a favor de legisladores de la oposición a la reforma energética de Peña Nieto.

También se le acusa por haber ordenado como director de Pemex la compra a sobreprecio de la planta inservible Agronitrogenados al empresario Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México (AHMSA), a cambio de sobornos.

Por el caso Agronitrogenados, el magnate Alonso Ancira se comprometió a pagar 50 millones de dólares en un primer desembolso como acuerdo de reparación.

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