La FGR ‘extravía’ pruebas contra Emilio Lozoya

A la Fiscalía General de la República (FGR) se le “extravió” documentación sobre la evolución del patrimonio del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, así como las declaraciones patrimoniales de éste.

Así lo da a conocer este domingo el periódico Reforma, que detalla que el extravío de estos informes se dio en el marco de la investigación contra políticos y exlegisladores que supuestamente recibieron sobornos de la constructora brasileña Odebrecht para la aprobación de la reforma energética en 2013.

De acuerdo con el periodista Abel Barajas, quien consultó informes del Poder Judicial de la Federación, “en la indagatoria aparece un oficio que especifica la inclusión de esos documentos; sin embargo, las 51 páginas con la información patrimonial del ex director de Pemex no están agregadas en el expediente”.

Uno de los acusados de recibir dichos sobornos, el exsenador panista, Jorge Luis Lavalle Maury, solicitó una audiencia al juez de control del Reclusorio Norte con el fin de que los fiscales expliquen si omitieron u ocultaron la documentación. Aún no hay fecha para esta audiencia, dada la pandemia de Covid-19.

La FGR rechazó el 23 de enero entregar los documentos a Lavalle y alegó que no tenían relación con la investigación sobre los presuntos sobornos denunciados por Lozoya.

“La evaluación y declaraciones patrimoniales omitidas en esta indagatoria fueron clave para que la SFP inhabilitara al ex director de Pemex por un periodo de 10 años para ocupar cualquier cargo público a nivel federal, una sanción dictada en mayo de 2019″, reseña Barajas.

En la denuncia de hechos de Lozoya aparecen los nombres del exsecretario de Hacienda Luis Videgaray, los panistas Francisco García Cabeza de Vaca, Francisco Domínguez, Ernesto Cordero, Ricardo Anaya y Jorge Luis Lavalle, así como David Penchyna, José Antonio Meade, José Antonio González Anaya y Carlos Treviño, vinculados al gobierno de Enrique Peña Nieto.

El pasado 26 de enero, un juez federal aplazó la audiencia del exsenador panista Jorge Luis Lavalle Maury, a petición de la FGR, que busca imputarlo por los delitos de cohecho y asociación delictuosa.

El exlegislador fue señalado por Lozoya de intentar extorsionarlo con 50 millones de dólares para aprobar las llamadas reformas estructurales.

De acuerdo con Reforma, la FGR pidió el aplazamiento, porque los fiscales que iban a participar en la audiencia presentaban síntomas de Covid-19.

El panista escribió en su cuenta de Twitter: “En relación con el desistimiento de la FGR a la audiencia inicial, reitero mi total disposición a acudir ante el juez de la causa las veces que sean necesarias. Mientras tanto, ejerceré mi derecho de defensa ante la FGR frente a las mentiras del delincuente confeso Emilio Lozoya”.


INAI ordena a la FGR transparentar traslado de Lozoya a México y parte médico

El miércoles 10 de febrero, el pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó a la FGR que entregue a los solicitantes la versión pública de las bitácoras de vuelo del avión en el que se trasladó desde Madrid, España a Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex).

En el recurso RRA 11929/20, el INAI instruyó a la FGR a liberar la información relativa a los vuelos del avión Bombardier INC. Modelo CL-600-2B16 (Challenger 605), desde 2013 al 16 de junio de 2020, de acuerdo con un comunicado difundido por la institución.

No obstante, Lozoya viajó a México extraditado desde España entre el 16 y el 17 de julio de 2020. No se sabe si se trata de un error la fecha que aparece en la comunicación del Instituto.

El avión, con matrícula XB-NWD, fue el mismo que se utilizó para transportar a Alonso Ancira Elizondo desde Mallorca, España, el pasado 3 de febrero. También se uso el 19 de enero de 2017 para la extradición a Estados Unidos del narcotraficante Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán. Es el único de la flota de la Fiscalía con capacidad para hacer vuelos transatlánticos.

El comisionado Mauricio Guerra Ford señaló que la solicitud comprendía el nombre de las personas que han abordado el avión, cargo y destino en las fechas indicadas. La FGR respondió al solicitante que se trataba de “información reservada”, clasificación que fue confirmada por su Comité de Transparencia. Argumentó que estaba relacionada con una carpeta de investigación abierta.

Si bien consideró que algunos datos de exfuncionarios podrían comprometer su vida y su seguridad, la restricción no aplica al actual titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, ni a los demás servidores públicos “cuyo nombre y cargo ya fue hecho público” debido a los boletines de prensa oficiales.

Tampoco procedió la reserva bajo el argumento de que existe una carpeta de investigación abierta, ya que la FGR no precisó el número de ésta ni acreditó su vulneración.

En torno a la aeronave, “la matrícula, marca y modelo, número de bitácora, origen y destino así como la hora de salida y llegada de cada vuelo no constituyen especificaciones técnicas que comprometan la seguridad pública” por lo que deberán ser entregadas. Solo podrá resguardarse la información relativa a las especificaciones y características técnicas del avión.

Además, el INAI ordenó a la Fiscalía que dé a conocer la versión pública del parte médico en el que se le diagnosticó “anemia y problemas en el esófago” a Emilio Lozoya a su llegada desde el país ibérico. También insta a la FGR a dar la información sobre la “manera en que se efectuó el traslado al hospital, precisando si fue vía terrestre, aérea y si estuvo a cargo de la familia”. Lo anterior, mediante el recurso RRA 12208/20.

A mediados de enero, Quinto Elemento Lab señaló que la FGR decidió ocultar los avances de la investigación del caso Odebrecht y Altos Hornos, al argumentar que las investigaciones están en trámite por lo que se trata de información reservada y confidencial, según las respuestas que dio a peticiones de solicitudes formuladas.

La Fiscalía tampoco informó los avances y el estado que guarda la investigación que inició en agosto de 2017 la Fiscalía de Delitos Electorales para esclarecer el presunto financiamiento ilegal de la constructora brasileña a la campaña del expresidente Enrique Peña Nieto, y reservó el estatus de las indagatorias iniciadas a partir de la denuncia que presentó Lozoya en agosto pasado.

La FGR informó que los datos recabados se “encuentran estrictamente reservados” y se mantienen bajo sigilo porque su divulgación podría afectar el curso de las indagatorias.

Con estos argumentos, la Fiscalía se niega a informar sobre el avance de las investigaciones aun cuando el INAI le ordenó desde junio de 2019 elaborar una versión pública del expediente de la investigación de Odebrecht pues se trata de un caso de corrupción de interés público.

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